Hace unos días, los empleados de la Dirección Provincial de Rentas de Jujuy enviaron una nota formal a la Legislatura —Nota N°133-G-2025— donde manifestaron su rechazo a la reforma que propone limitar el adicional que cobran por recaudación.
En el texto señalan que el Gobierno pretende que ese monto no pueda aumentar más que la inflación del mes anterior, que ya habían sufrido recortes en 2022 y que esta decisión implica, según ellos, una “reforma laboral encubierta” que afecta un “derecho adquirido” y perjudica directamente sus ingresos. Piden frenar el tratamiento, modificar artículos, y sostener la redacción original del Fondo Estímulo.
Ese es el punto de partida, pero lo interesante no es solamente lo que dice la nota, sino todo lo que desata alrededor.
Porque cuando un sector que está cerca de la recaudación advierte que se le va a limitar un adicional, automáticamente aparecen otras voces —quietas, acumuladas, históricas— que no suelen tener entidad formal, pero tienen un peso social enorme.
Están los docentes que jamás vieron un extra más allá de algún bono tardío; los trabajadores de salud que sostienen un sistema agotado sin premios de productividad; los administrativos que cobran lo básico desde hace años; los emprendedores y comerciantes que pagan los impuestos que financian ese Fondo Estímulo; y los trabajadores privados, que ven estas discusiones como un universo paralelo mientras ellos pelean por llegar al día 20 del mes.
La nota, sin querer, abrió una conversación que estaba dormida:
¿Por qué algunos sectores del Estado cobran adicionales tan altos y otros no?
Y la respuesta no es económica: es histórica.
Durante décadas, el Estado provincial —como tantos otros en Argentina— creó un sistema de estímulos sectoriales que, con el tiempo, terminó transformándose en una herramienta tecnocrática diseñada para premiar la eficiencia recaudatoria o manejos técnicos. Lo que empezó como una forma de mejorar el desempeño terminó generando un mapa desigual donde ciertos organismos acumulan extras mientras otros sostienen toda la estructura pública sin recibir nada. Así nacieron los empleados de primera, segunda y tercera, según quién maneje ingresos, quién administre, y quién preste servicios esenciales.
No es culpa de quienes hoy reclaman preservar su adicional: nadie renuncia voluntariamente a parte de su salario, y menos en una economía donde el sueldo real cayó entre 25% y 33%. El problema no es su defensa: el problema es el sistema que se fue desfigurando.
Porque el Estado premió lo que está cerca de la caja, pero dejó fuera al que está cerca de la gente. Premió el ingreso, pero no la función. Premió la recaudación, pero no el servicio.
Y eso explica por qué cada vez que se menciona el Fondo Estímulo, los que menos ganan sienten que están viendo otra película.
Mientras algunos pueden duplicar o triplicar su ingreso, otros no tienen siquiera un adicional, un reconocimiento, una compensación. Y peor: son ellos —los empleados de menores ingresos y el sector privado— quienes pagan los impuestos que financian tanto los sueldos como los propios estímulos.
Por eso, la nota enviada por el personal recaudador toca una fibra muy sensible en la sociedad. Para un emprendedor, un comerciante o un profesional independiente, no resulta tan lógico que un sector del Estado reclame preservar un incentivo que puede superar ampliamente el salario básico, cuando ellos mismos pagan cargas fiscales que suben todos los meses. Y mientras tanto, la inflación “del 2% o 3% mensual” promete un alivio que no llega a ningún ticket de supermercado.
Pero al mismo tiempo, hay que ser empáticos: perder ingresos en esta situación económica golpea a cualquiera. Es humano defender lo que se tiene.
Sin embargo, la pregunta de fondo no cambia:
¿Puede un Estado en crisis seguir pagando tan distinto a trabajadores que cumplen funciones igualmente necesarias?
Se viene una ola de recortes, ajustes y ordenamientos. Puede gustar o no, pero es el contexto real de un país que no encuentra equilibrio. Y en vez de enfrentar trabajadores contra trabajadores, deberíamos animarnos a decir lo que nadie dice: el Estado necesita mejorar los sueldos de todos, no sostener estructuras de premios que terminan generando brechas internas cada vez más difíciles de justificar.
Porque un Estado que paga según la caja y no según la función deja de ser un igualador.
Y un Estado que no iguala adentro, jamás podrá igualar afuera.
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