Frente a Casa de Gobierno, bajo la mañana áspera y ruidosa de San Salvador, dos mujeres rompen un silencio que ya les pesa como una condena.
Ellas no vienen a “pedir” algo: vienen a exigirlo, vienen a gritar lo que —según ellas— la Justicia prefiere convertir en papeles húmedos que jamás avanzan. Y vienen a advertir, con el dolor todavía fresco, que otros pueden caer en el mismo pozo donde ellas y su familia llevan más de un año hundiéndose.
La primera en hablar es Gabriela Alejandra Medina, de Palpalá, con la voz temblorosa pero firme. Dice su nombre completo como quien deja una huella. Aclara que no está ahí por gusto, ni por capricho, sino porque la denuncia que hicieron en la Brigada de Investigaciones de Chijra está quieta, inmóvil, como enterrada en un cajón sin destino. A su lado está su suegra, Alejandra, Saturnina de apellido, que asiente cada vez que escucha la palabra “estafa” porque la vivió en carne propia.
La historia arranca —según relatan— hace un año, cuando una necesidad básica —una casa para sus hijos— se mezcló con la promesa seductora de algo “seguro”, “rápido” y “bajo el poncho”. Así lo explicó el primer hombre que apareció en escena: Bouhid Chagra Raúl Humberto, de la localidad de Yuto. Él les aseguró que había tres viviendas disponibles del Instituto de Vivienda, listas para ser entregadas, sin licitación, sin sorteo, sin espera. Una de esas oportunidades doradas que aparecen sólo para algunos.
Bouhid, según las denunciantes, no solo les dio el dato: mostró fotos, papeles, videos, la puerta de su propia casa en Palpalá, donde —afirmaba— él mismo estaba entregando vehículos y dinero para recibir su vivienda. Eso les dio confianza. Creyeron que si él, que “estaba metido en política”, lo hacía sin miedo, entonces era real.
Pero el protagonista más oscuro aparece después es Fernando René Canchi, del sector B1 del barrio Alto Comedero. Es él quien, según la familia, llega personalmente para llevarse un Peugeot 208, una moto Honda Repsol y un millón de pesos en efectivo. También se lleva formularios 08 totalmente en blanco, sin nombres ni restricciones, listos para usar. Les promete que en una semana les entregará la casa. Después dice dos semanas. Después un mes. Después “tu carpeta está en proceso”. Siempre la misma muletilla: “ya sale”.
Nada salió.
En enero de 2025, el Peugeot aparece con dos multas de la Ciudad de Buenos Aires. La moto reaparece estacionada en una concesionaria sobre avenida Pueyrredón, justo frente a un supermercado del Éxodo. La suegra lo vio con sus propios ojos: “Ahí estaba, ahí la tenían. Tres meses estuvo ahí parada, como si nada”.
Cada pieza que ellas descubren parece confirmar un mecanismo frío, repetido y prolijo. “Este hombre sigue haciendo lo mismo”, insisten. “Canchi ofreció hace poco otra vivienda, en barrio Tupac Amaru, por 18 millones de pesos”. La estafa seguiría viva, activa, funcionando exactamente igual. Mismo esquema. Mismo discurso. Mismo señuelo político.
Lo más inquietante es lo que —según ellas— Fernando Canchi les dijo con una tranquilidad que las dejó heladas: “La brigada no va a hacer nada. La justicia me cubre”.
De ahí en adelante, todo se vuelve todavía más oscuro. Canchi habría enviado incluso —denuncian— a su madre a increparlas en su propio negocio. Y cuando la suegra pidió respuestas cara a cara, asegura que él la amenazó con “arreglar con su abogado”. Ella lo recuerda con una mezcla de bronca y dolor:
“Fernando, vos sabes muy bien lo que me dijiste. Vos sabes que te vi contar la plata en la casa de mi hijo. Yo tengo los videos. Tengo cuando te llevaste la moto, cuando te llevaste el auto, cuando prometiste que en 20 días lo solucionabas. Vos vivís a la vuelta de mi casa, Fernando. Si no querés hablar con mi hijo ni con mi nuera, habla conmigo. Pero devolvé lo que te llevaste”.
La versión oficial del Instituto de Vivienda es clara: no existen intermediarios. No se piden autos. No se aceptan motos. No se cobra en efectivo. No se tramita nada “fuera del sistema”.
Pero cuando el hambre de una vivienda se mezcla con la desesperación, la lógica se quiebra. A esa desesperación apuntan los estafadores.
“Por favor —dice Alejandra— que la gente abra los ojos. Que no caigan. No existe ningún ofrecimiento del Instituto por fuera del Instituto. No existe. Y este hombre sigue haciendo lo mismo porque sabe que no le pasa nada”.
La narrativa se vuelve dolorosa cuando mencionan a los niños. Las discusiones familiares. La culpa. Las noches sin dormir. El peso psicológico que no aparece en ninguna denuncia formal, pero que ellas cargan todos los días. “Es un año tortuoso”, define la nuera. “Y lo seguimos pagando”.
El cierre de ambas mujeres es un pedido urgente y crudo:
“Que se sepa en toda la provincia. Y si es posible, en todo el país. Porque si esto no se hace público, va a seguir pasando. Y porque quienes están gobernando deberían escuchar lo que está pasando abajo, en la calle. Nosotros solo pedimos justicia y que alguien frene a esta gente”.
Los nombres quedan expuestos, sin maquillaje, como ellas los dijeron: Bouhid Chagra Raúl Humberto de Yuto y Fernando René Canchi de Alto Comedero, sector B1
Y la duda que recorre toda la crónica, esa sospecha espesa que cruza lo político, lo judicial y lo moral, queda suspendida en el aire como una denuncia aún mayor:¿Qué tan profunda es la impunidad cuando un estafador se jacta de que la justicia lo protege y, efectivamente, nada se mueve?