Señalaron que el Gobierno nacional avanza con el cierre administrativo de proyectos que quedaron paralizados y que no superan el 70% de ejecución.
Desde el Congreso del Hábitat Digno del Norte Grande Argentino advierten sobre el impacto en las cooperativas de trabajo y las familias que esperan la finalización de las obras. La movilización fue convocada para este jueves 15 de octubre.
El Gobierno nacional comenzó a avanzar con el cierre administrativo de obras de infraestructura en barrios populares que permanecen paralizadas desde la asunción del presidente Javier Milei y que registran menos del 70% de avance. La situación genera preocupación entre las cooperativas de trabajo y las organizaciones vinculadas al hábitat, que reclaman la continuidad de los proyectos y el pago de los fondos adeudados.
Según denunciaron desde el Congreso del Hábitat Digno del Norte Grande Argentino, en lugar de reactivarse las obras pendientes para mejorar las condiciones de vida de miles de familias, se estaría avanzando en el cierre de sus respectivos expedientes administrativos.
La organización sostiene, además, que existen más de 20.000 millones de pesos destinados a estas obras que permanecerían en el ámbito del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo. En ese contexto, reclaman explicaciones sobre el destino de los recursos y exigen que sean utilizados para completar los trabajos comprometidos.
Cooperativas denuncian que les piden renunciar a montos adeudados
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el mensaje que, según la denuncia, comenzaron a recibir algunas cooperativas por parte de la Subsecretaría de Infraestructura.
En la comunicación se solicita la presencia del presidente de la entidad para firmar la renuncia a las redeterminaciones de precios que todavía no fueron aprobadas ni abonadas, como parte del procedimiento para continuar con el cierre de los expedientes de obra.
“Estamos cerrando los expedientes de obra con la SISU y necesitamos que se acerque el presidente a firmar la renuncia a las redeterminaciones que no han sido aprobadas ni pagadas”, señala el mensaje difundido por los sectores que cuestionan la medida.
La situación abre interrogantes sobre el futuro de los proyectos inconclusos, las obligaciones pendientes con las cooperativas y las consecuencias que el cierre administrativo podría tener sobre los puestos de trabajo y las mejoras previstas para los barrios.
Obras paralizadas y familias a la espera
Desde las organizaciones que impulsan el reclamo remarcan que detrás de cada expediente existen trabajos iniciados, trabajadores que dependen de su continuidad y familias que esperan contar con mejores condiciones de infraestructura y servicios en sus lugares de residencia.
Advierten que la problemática no debe reducirse a una cuestión administrativa o presupuestaria, sino que involucra el derecho a acceder a un hábitat digno.
En ese sentido, reclaman que se garantice la continuidad de las obras, se regularicen los pagos pendientes y se asegure que los recursos asignados lleguen efectivamente a los proyectos para los cuales fueron previstos.
Convocan a marchar este jueves 15 de octubre
Frente a este escenario, el Congreso del Hábitat Digno del Norte Grande Argentino convocó a vecinos y vecinas de barrios populares, cooperativas de trabajo, organizaciones sociales y a todos los sectores comprometidos con el derecho a la vivienda a participar de una movilización.
La convocatoria está prevista para este jueves 15 de octubre, bajo la consigna de marchar por la continuidad de las obras en los barrios populares.
Entre los principales reclamos se encuentran la reactivación de los proyectos paralizados, el pago de las deudas pendientes y la garantía de que los fondos destinados a mejorar la infraestructura barrial no queden sin ejecución.
La discusión vuelve a poner en el centro de la agenda el futuro de las obras de integración urbana y el impacto que las decisiones del Gobierno nacional pueden tener sobre las cooperativas, el empleo y las condiciones de vida de miles de familias argentinas.
Desde los sectores convocantes sostienen que la respuesta no puede ser el cierre de los expedientes sin una solución para los trabajos inconclusos y llaman a fortalecer la participación comunitaria para defender el derecho a un hábitat digno.