La historia, en apariencia doméstica, se expande como una grieta en la pared: detrás de una obra irregular, dicen, se esconde el rostro más oscuro del poder local.
En una mañana cargada de tensión y palabras que pesaban como piedras, la abogada Mariana Vargas y la vecina Virginia García Páez tomaron la palabra ante la prensa para denunciar lo que califican como un caso de violencia institucional, persecución y abuso de autoridad en la localidad de Yala, a pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy.
Vargas, de tono sereno pero firme, explicó que la denuncia penal presentada la semana pasada contra la directora de Planeamiento de Yala, Leticia Casinotti, tiene como origen una construcción privada ejecutada con maquinaria y personal municipal, en un terreno colindante a la vivienda de García Páez y su hija. “Estamos hablando de un uso indebido de recursos públicos para beneficiar a particulares que no lo necesitan, y además en una obra irregular. Es una práctica que, lejos de ser una ayuda social, se convierte en un privilegio arbitrario”, expresó.
Según relató, el conflicto comenzó cuando la familia afectada intentó frenar el avance de esa obra. Primero lograron detenerla, pero poco después los trabajos se reanudaron. Con el paso de los meses, el daño se hizo visible: la casa de García Páez comenzó a inundarse, y un muro levantado en el terreno vecino se resquebrajó hasta el punto de poner en riesgo la estructura de la vivienda. “Denunciaron para resguardar su vida, pero lo que vino después fue peor: una cadena de amenazas, hostigamientos y maniobras administrativas para castigar a quien se atrevió a hablar”, señaló la abogada.
Las acusaciones se dirigen también contra los propietarios del terreno lindante, identificados como Ana Laura Lamas y Sergio Adrián Araya, quienes —según Vargas— colocaron cámaras apuntando directamente hacia el interior de la casa de Virginia y su hija. “Hay una cámara que capta incluso la cocina, vulnerando su intimidad. Eso también constituye una violación de domicilio. Es persecución pura y simple”, sostuvo.
Pero el relato más conmovedor llegó en voz de Virginia García Páez, quien tomó el micrófono con la dignidad de quien no busca protagonismo sino justicia. “Soy hija de Celia Páez Carrillo y de Luis María García, dos jujeños que dieron todo por su provincia. Ellos me enseñaron a no callarme ante la injusticia, y hoy me toca continuar esa lucha, aunque sea desde este dolor”, comenzó.
García Páez relató que la historia se desató cuando su hija denunció la obra irregular que se levantaba al lado de su casa. “Esa construcción empezó con relleno del río, en una zona de reserva de biosfera, usando máquinas del municipio. Era una barbaridad. Después levantaron un muro sin columnas, sin hierro, sin estructura alguna, ladrillo sobre ladrillo, como si la ley no existiera”, describió.
Pese a las reiteradas denuncias, los reclamos no tuvieron eco. “Nunca nos escucharon. Solo cuando iniciamos un expediente administrativo aparecieron, y en esa inspección, la arquitecta Casinotti amenazó directamente a mi hija. Le dijo que la podían imputar por tener un biodigestor en su casa. La obra peligrosa no era el muro, sino su pozo. Una locura”, contó Virginia, todavía incrédula.
Con el correr de las semanas, las advertencias se transformaron en hechos. Su hija fue imputada administrativamente, se revocaron planos previamente aprobados y funcionarios ingresaron a su vivienda sin consentimiento, todo bajo la dirección de la misma funcionaria denunciada. “Queremos saber cómo una directora de planeamiento puede dirigir una obra privada siendo funcionaria municipal. Es una incompatibilidad flagrante y una muestra de cómo se confunde lo público con lo personal”, apuntó Vargas.
Ambas insistieron en que el caso debe investigarse a fondo. “Esto no es solo una disputa vecinal. Es el reflejo de un poder que se desborda, que usa al Estado para amedrentar. Hay que preguntarse hasta qué punto un municipio puede actuar sin control. El Estado tiene que proteger, no castigar. No todo vale”, enfatizó la abogada, con un dejo de indignación contenida.
La presentación ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicita investigar presuntos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y violación de domicilio, además de posibles irregularidades administrativas. “Esperamos que la justicia actúe con la independencia que este caso exige. No pedimos privilegios, pedimos equidad”, cerró Vargas.
Mientras tanto, en Yala, el conflicto sigue abierto. La casa de Virginia y su hija continúa en peligro, el muro sigue agrietado y la cámara vecina sigue encendida. En medio de ese paisaje cotidiano de incertidumbre, la familia insiste en no rendirse. “Queremos vivir tranquilas —dijo Virginia al final, con la voz quebrada—, sin miedo, sin tener que mirar por la ventana para ver quién nos espía. Queremos volver a creer que el Estado está de nuestro lado, no del otro. ”El conflicto en Yala trasciende el caso particular de una obra mal ejecutada o de un enfrentamiento vecinal. Lo que se pone en evidencia, a través de este episodio, es un problema más profundo: la fragilidad de los límites entre el poder público y los intereses privados, una línea que, cuando se cruza, deja al ciudadano común en situación de vulnerabilidad.
Más allá de los nombres y las denuncias, lo que resuena es la pregunta sobre el verdadero rol del Estado: ¿es garante de derechos o instrumento de presión? Cuando el uso de maquinarias oficiales, la manipulación de expedientes o el hostigamiento a una vecina se vuelven parte del paisaje administrativo, el principio de legalidad se resquebraja tanto como el muro que amenaza con caer.
La justicia deberá determinar responsabilidades y deslindar culpas, pero la reflexión queda abierta: cada vez que una institución utiliza su poder para disciplinar en lugar de proteger, se erosiona la confianza en el sistema y se debilita la idea misma de ciudadanía. Yala se vuelve, entonces, una postal de una problemática mayor: la necesidad urgente de recuperar los límites éticos del poder y el sentido humano del Estado. Porque sin ellos, la ley se vuelve letra vacía, y la justicia, un eco que se apaga entre paredes agrietadas.