La elección del Consejo de la Magistratura en Jujuy se realiza porque es clave para el funcionamiento del Poder Judicial y necesita renovación periódica de sus integrantes.
El Consejo de la Magistratura de Jujuy es el organismo encargado de seleccionar y proponer jueces, evaluar el desempeño de magistrados y aplicar sanciones o impulsar remociones. De esta forma una parte de sus miembros no son designados directamente por el poder político, sino elegidos por distintos estamentos.
En Jujuy, el Consejo se integra con representantes de abogados (elegidos por sus pares), legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo y jueces. Generalmente, el proceso es organizado por el propio Poder Judicial o por organismos vinculados al colegio de abogados, según el estamento que corresponda.
No vota “la gente” en general, los miembros del Consejo surgen de distintos sectores del Estado y de la comunidad jurídica, y algunos sí son elegidos por voto, pero interno o sectorial, no ciudadano.
¿Porque se vota?
En la elección del Consejo de la Magistratura en Jujuy, los abogados no solo eligen representantes: definen si la futura selección de jueces tendrá equilibrio o volverá a quedar condicionada por mayorías sin contrapeso.
Hay elecciones que pasan desapercibidas y hay otras que, aun sin ruido mediático, definen estructuras de poder a largo plazo. La del próximo 24 de abril en el Colegio de Abogados de Jujuy pertenece claramente al segundo grupo. No se trata solo de elegir dos nombres, se trata de decidir cómo se va a construir —o condicionar— la Justicia que viene.
No vota “la gente” en general, los miembros del Consejo surgen de distintos sectores del Estado y de la comunidad jurídica, y algunos sí son elegidos por voto, pero interno o sectorial, no ciudadano.
El Consejo de la Magistratura, creado por la Ley N° 6486, no es un órgano más. Es, en términos concretos, el filtro por el que pasan jueces, fiscales y defensores. Es el espacio donde se decide quién entra al sistema judicial y bajo qué criterios. Es, en definitiva, donde se juega la independencia o la dependencia de la Justicia.
Y ahí aparece el punto central que debería interpelar directamente a cada abogado que va a votar: ¿queremos un órgano equilibrado o uno previsible?
Porque la experiencia reciente en la provincia dejó una enseñanza difícil de ignorar. Cuando las mayorías son demasiado amplias, el debate se reduce. Cuando el resultado electoral es contundente, la discusión posterior pierde densidad. Y cuando eso ocurre en espacios donde se definen reglas institucionales —como pasó con la reforma constitucional— el problema ya no es quién gana, sino qué queda sin discutirse.
Ese antecedente no es menor. Es, en realidad, el espejo en el que debería mirarse esta elección.
En ese contexto, la Lista Bordo aparece con un discurso centrado en la representatividad de los abogados y en la necesidad de corregir desigualdades en el acceso a concursos judiciales, señalando destratos y falta de equidad para los litigantes al momento de aspirar a cargos. Su planteo no es menor: el sistema actual no garantiza igualdad real. Y eso es un diagnóstico que difícilmente alguien pueda negar.
Pero el problema no es el diagnóstico. El problema es el equilibrio.
Porque cuando una lista está alineada con el poder político dominante —aunque no lo diga explícitamente— la pregunta que se impone no es qué propone, sino cuánto puede contradecir. Y en un órgano donde también participan representantes del Ejecutivo y del Legislativo, la acumulación de afinidades puede transformar un espacio técnico en una extensión indirecta del poder político.
Del otro lado La Lista Turquesa, emergen propuestas que ponen el foco en mecanismos concretos para limitar la discrecionalidad: evaluación objetiva, anonimato en exámenes, legajos digitales auditables y reducción del peso de las entrevistas personales. Es decir, reglas que intentan blindar el proceso frente a la subjetividad y los vínculos.
Y ahí aparece el verdadero eje de esta elección: no es una discusión ideológica, es una discusión estructural.
Porque un Consejo de la Magistratura sin equilibrio no necesita ser corrupto para ser problemático; le alcanza con ser previsible. Y una Justicia previsible —en términos de alineamientos— deja de ser Justicia para convertirse en un sistema de validación.
Por eso, el voto del abogado en esta elección tiene un peso distinto. No es un voto corporativo, es un voto institucional. Es decidir si quienes van a seleccionar jueces tendrán margen para disentir o si responderán a una lógica ya definida.
La democracia no se agota en ganar elecciones. Se fortalece cuando quien gana acepta límites. Y esos límites, muchas veces, no los pone la ley: los pone el equilibrio de fuerzas.
En Jujuy, esa discusión ya se dio en otros ámbitos. Hoy vuelve a aparecer, pero en un lugar mucho más sensible: la puerta de entrada a la Justicia.
Y ahí la pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿vamos a elegir representantes… o vamos a definir cómo se van a elegir los jueces de los próximos años?