A 11 años de su muerte, los desertores en Francia validan la denuncia de Nisman: pruebas del régimen iraní cierran el rompecabezas del atentado a la AMIA en 2026.
El 1 de marzo de 2013, la Argentina firmaba uno de los documentos más divisivos de su historia democrática. Hoy, a trece años de aquel decreto y en un contexto de renovada tensión en Medio Oriente, la causa AMIA vive un vuelco de 180 grados. Mientras aquel pacto buscaba una «cooperación» hoy juzgada como inconstitucional, la aparición de cuatro desertores iraníes en Francia promete cerrar, finalmente, el rompecabezas de la impunidad.
El origen del pacto: una maratón legislativa y social
Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, el Poder Ejecutivo oficializó mediante decreto la aprobación del Memorándum de Entendimiento con Irán. La sanción se produjo tras una sesión maratónica de más de 14 horas en la Cámara de Diputados, en un clima de profunda polarización.
Para el oficialismo de aquel entonces, liderado por la Presidenta y su canciller Héctor Timerman, el acuerdo era la única llave para destrabar una causa paralizada desde 1994. Para la oposición y las asociaciones de víctimas, representaba una entrega de soberanía y un camino directo a la impunidad de los responsables.
Los 9 puntos del Memorándum: ¿qué decía el texto original?
El acuerdo, redactado en español, farsi e inglés, se estructuraba en los siguientes ejes, los cuales reproducimos aquí en detalle:
Establecimiento de la Comisión: se creará una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales (5 comisionados y 2 miembros por país) para analizar la documentación de ambos estados.
Reglas de Procedimiento: la Comisión establecería sus propias reglas con aprobación de las partes.
Intercambio de Información: las autoridades de Irán y Argentina se enviarían mutuamente la evidencia poseída sobre la causa.
Informe de la Comisión: tras analizar los datos, la Comisión emitiría recomendaciones no vinculantes sobre cómo proceder.
Audiencia: el punto más polémico. Las autoridades judiciales argentinas debían viajar a Teherán para interrogar a los acusados con «notificación roja» de Interpol.
Entrada en vigencia: el acuerdo requería la ratificación de los parlamentos de ambos países.
Interpol: el acuerdo sería remitido conjuntamente al Secretario General de Interpol.
Derechos básicos: se garantizaba que nada pondría en riesgo los derechos legales de las personas involucradas.
Solución de controversias: cualquier diferencia de interpretación se resolvería mediante consultas bilaterales.
Giro en la historia: se completará el rompecabezas probatorio del atentado a la AMIA. Cuatro desertores de Irán, protegidos en Francia, le enviaron documentación -obtenida a través de infiltrados en el régimen- al fiscal Basso. Los papeles y sus testimonios confirmarán la… pic.twitter.com/s49xQHvUn8
— Camila Dolabjian (@camidolabjian) March 3, 2026
El fin del acuerdo
Años más tarde, la Justicia argentina declaró la inconstitucionalidad del Memorándum. El fallo determinó que el pacto invadía facultades exclusivas del Poder Judicial y vulneraba principios fundamentales de la Constitución Nacional. La famosa «Comisión de la Verdad» nunca llegó a sesionar y las indagatorias en Teherán quedaron en la nada.
Giro en la causa AMIA: desertores iraníes aportaron pruebas clave al fiscal Basso
Marzo 2026: el vuelco definitivo con los desertores en Francia
Paradójicamente, trece años después de aquel intento diplomático, la justicia parece llegar por una vía interna del propio régimen iraní. El fiscal Sebastián Basso ha recibido recientemente una serie de documentos inéditos y testimonios de cuatro desertores del régimen de Teherán refugiados en Francia.
Los pilares de la nueva etapa judicial:
Documentación Inédita: obtenida por infiltrados dentro de las estructuras de poder iraníes, confirmando la logística y la cadena de mando del ataque de 1994.
Testimonios bajo protección: los desertores están listos para declarar ante la justicia argentina desde Europa.
Juicio en ausencia: con estas pruebas, se espera cerrar la etapa de instrucción y avanzar hacia un proceso legal que permita juzgar a los responsables, incluso si estos se niegan a ser extraditados.
(airedesantafe)