La presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, Carolina Moisés alertó sobre hechos inéditos: de 1.251 heridos por represión en protestas, 179 fueron periodistas agredidos, en un año que cierra con censuras y acosos judiciales desde el poder, allanamientos y persecución a comunicadores.
Por eso hizo un fuerte reclamo para proteger las fuentes de información y fortalecer los espacios institucionales de defensa. Fue durante la presentación del Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 junto a periodistas, comunicadores, foto reporteros, académicos de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) los sindicatos de prensa SiPreBa y Fatpren y la Fundación Sociedades Digitales.
“Argentina atraviesa quizás el mayor retroceso en décadas en torno a la libertad de expresión, justo en un momento en que tenemos más herramientas para ejercerla”, afirmó Moisés, al analizar el documento de 112 páginas que denuncia un ataque sistemático contra la prensa organizado desde el Gobierno Nacional.
“La libertad de expresión no se limita a lo que pueda decir un periodista o a lo que transmiten los medios tradicionales, sino que es un derecho integral de las personas”, señaló la legisladora de Convicción Federal en un encuentro del que también participaron los senadores Fernando Salino, Mariano Recalde y Vilma Vedia, entre otros.
Moisés también remarcó los hechos más graves del último año, vinculados a ataques directos al ejercicio periodístico. “Uno de los casos más emblemáticos fue exigir a periodistas que revelen sus fuentes en uno de los escándalos de corrupción más grandes que tuvo este gobierno. Proteger las fuentes es proteger la labor de los periodistas y el derecho de los ciudadanos a informarse”, sentenció.
Asimismo, denunció la existencia de censuras judiciales inéditas, allanamientos pedidos por el propio gobierno y persecución penal a comunicadores por sus expresiones públicas.
“En esta Comisión no solo recibimos a muchos de ellos: los escuchamos, los atendimos. Y una de las primeras acciones al reactivar la comisión —que llevaba tres años sin funcionar— fue crear un Observatorio para recibir, atender y encaminar acciones para que los comunicadores se sientan protegidos”, indicó.
Todas las voces
Ya en las exposiciones, -entre las que pudieron escucharse las miradas de los periodistas Ari Lijalad, Julia Mengolini y Ángela Lerena así como también de Jorge Sola (CGT), Sebastián Vricella (ARGRA), Diego Morales (CELS) y Larisa Kefval, directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de UBA- , su colega, Diego de Charras, investigador, profesor adjunto de Derecho a la Información en la UBA , sostuvo que “este año tengo una sensación agridulce por lo que nos toca: ya presentamos el 2024 y henos aquí en una situación más compleja aún en 2025”.
Señaló “el abandono del rol del Estado sobre su responsabilidad” en la custodia del derecho a la libertad de expresión e identificó los motivos “del rechazo al agravio que vivimos del ejercicio de la libertad periodística”, al sostener que “hemos retrocedido mucho y hoy nos estamos preocupando por la integridad física de los reporteros y foto reporteros”.
Por su parte, la secretaria general de Fatpren, *Car la Gaudensi* indicó que “se está afectando la calidad democrática” al tiempo que subrayó “que en el plano judicial hemos tenido ataques que se han propiciado desde el Ejecutivo a los periodistas por ejercer su rol”.
La dirigente de SiPreBa, donde se desempeña como secretaria adjunta y ex trabajadora de Télam, destacó especialmente “el desguace de los medios públicos: de más está decir que se nota que falta Télam, se nota la falta de una mirada federal”, enfatizó.
Finalmente, desde Perú intervino virtualmente Zuliana Lainez Otero, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) , quien destacó que “documentar las agresiones, es el dato que mata el relato que distorsiona y que quiere invisibilizar los ataques a nuestros colegas periodistas de Argentina”.