La plaza frente al Palacio de Justicia amaneció gris y húmeda, como si el clima entendiera la pesadumbre de los que iban a hablar.
Llegaron con carteles, fotos y flores; llegaron con el cansancio de quien ha esperado demasiado tiempo sin recibir respuestas. Las familias se acomodaron en corrillos, intercambiaron nombres, fechas y miradas que lo decían todo: la muerte los cruzó, la justicia los ignoró.
Los carteles dicen: “JUSTICIA”, “NO FUE ACCIDENTE”, “ASESINOS AL VOLANTE”. Las fotos enmarcadas muestran sonrisas congeladas: padres, hermanos, trabajadores, hinchas. Las flores están marchitas por el tiempo que llevan esperando respuestas. Alrededor, la voz que organiza la reunión es la de los familiares; la voz que informa, la del cronista. El tribunal queda a dos cuadras, pero la Justicia parece estar mucho más lejos.
La gente habla en voz baja, porque el dolor se convierte en confidencia y la confidencia exige sutileza. Van apareciendo las primeras voces: la hija de Héctor René Flores, la esposa del trabajador de Palpalá, la suegra que no puede contener el sollozo. Todos con nombres, con horarios, con fechas precisas. El dolor tiene memoria de reloj.
Esta es la crónica completa, extensa y detallada, de esos casos que ya no caben en una página: historias de atropellos, de audiencias que se suspenden, de víctimas que no vuelven y de imputados que siguen en libertad. Historias que, juntas, forman un paisaje demasiado conocido en Jujuy: asesinos al volante.
Fecha del hecho: 7 de abril del 2024
Lugar: Avenida Fascio, San Salvador de Jujuy
Víctima: Héctor René Flores
Estado procesal: imputado en libertad; audiencias suspendidas (ya hubo al menos una audiencia inicial; dos audiencias posteriores suspendidas; nueva audiencia pendiente sin fecha definida públicamente)
Héctor era, según lo cuentan sus cercanos, un hombre de costumbres: tomaba colectivo, volvía a casa, saludaba a los vecinos. Esa mañana del 7 de abril, bajó del colectivo y cruzó la avenida Fascio. No llegó a la vereda de enfrente. Un vehículo —conducido por una persona que luego sería imputada por el hecho— lo embistió. Lo arrastró unos metros: media cuadra, dicen los testigos. El paisaje del asfalto quedó marcado por la urgencia, gritos, gente que se agolpó, una ambulancia que llegó rápido pero no lo suficiente.
Los médicos constataron politraumatismos y fracturas expuestas; esa misma noche Héctor falleció en el hospital. La familia lo despidió en medio del estupor; la Fiscalía inició actuaciones y el imputado quedó, según las notificaciones que mostraron los familiares, en libertad mientras el proceso avanza. Hubo una audiencia donde las partes se vieron; luego, dos audiencias más fueron suspendidas sin una explicación clara para las familias. Ahora esperan otra notificación que los lleve de nuevo al tribunal.
La hija recuerda la escena con calma cortante: “Mi papá cruzó la calle. El tipo pasó, lo envistió y lo dejó. Nosotros estuvimos frente al asesino en una audiencia. Después suspendieron dos más. ¿Por qué nos suspenden? No lo sabemos.”
Esa pregunta —“¿por qué nos suspenden?”— es el latido que atraviesa toda la crónica. Las familias acusan dilaciones, trámites que no se explican, notificaciones que llegan sin fundamentar el cambio de fecha, y un sistema que parece funcionar más para el imputado que para quien perdió una vida.
Fecha del hecho: hace 2 años y 3 meses (relatada como anterior a los casos actuales)
Lugar: Ruta, a la altura de Suri Rugby Club
Víctima: trabajador de una papelera en Palpalá (apodado “El Flaco”, hincha del Lobo)
Estado procesal: imputado/allegado al hecho que no llegó a estar detenido; causa con escaso avance y familia sin respuestas
Era un día laboral cualquiera: 5:40 de la mañana, la salida hacia la fábrica. El hombre —padre, esposo, trabajador— se subió a su moto para llegar a la papelera en Palpalá. Nunca imaginó que no volvería. Un vehículo lo impactó. Las versiones de quienes luego tuvieron que reconocer el cuerpo en la morgue coinciden en algo sagrado y brutal: el conductor estaba en evidente estado de ebriedad. Lo dejaron tirado en la ruta. No hubo auxilio, no hubo explicación, La hija de Héctor dice que estuvo frente al asesino en una audiencia y que no entiende por qué ahora las audiencias se postergan una y otra vez.
La esposa del trabajador de Palpalá repite, con lágrimas que parecen no acabar, que su marido salía a las 5:40 y ya no volvió; que el imputado estaba borracho y que no hubo detención preventiva.
La suegra recuerda el carácter del hombre muerto: trabajador, solidario, “el que siempre daba una mano”. Ese adjetivo común se vuelve metáfora de la pérdida: la comunidad quedó sin un pilar.
No piden venganza —la insistencia es clara— piden justicia: que el proceso avance con celeridad, que se resguarde la verdad, que la sanción sea acorde al daño. Piden, sobre todo, que las medidas procesales no se vuelvan perdones tácitos.solo abandono.
La familia, entre la rabia y la incredulidad, reconstruye la tarde que cambió sus vidas: “Lo atropelló y lo dejó ahí. Nosotros tuvimos que reconocerlo. El asesino estaba borracho y nunca estuvo preso”.
Las palabras “nunca estuvo preso” revientan en la plaza. ¿Cómo se sostiene un duelo cuando quien dio la muerte camina libre? La pregunta vuelve: la justicia penal, por restricción de medidas, por cautelares o por falta de imputación firme, permite que ciertos imputados queden en libertad hasta el juicio. Para las familias, cada día que pasa se demoran o suspenden las de audiencia el 12 de junio (suspendida); nueva audiencia programada para el 28 de noviembre (también suspendida hace dos semanas)
Situación: múltiples familias afectadas; trámites y diligencias judiciales que se estancan; imputados aguardando en libertad
En varios de estos expedientes, la mecánica es la misma: convocatoria, llegada de testigos y familiares, expectativa. Y, a última hora, la confirmación que nadie quiere: la audiencia se suspende. A veces por inasistencia de peritos, a veces por falta de notificaciones correctas, a veces porque la defensa pide medidas de prueba que requieren más tiempo. Sea cual fuere la razón técnica, el resultado es el mismo: el proceso se diluye en el calendario y el imputado no sufre una privación de la libertad preventiva.
Familias enteras han viajado desde barrios alejados para presentarse en tribunales y marcharse con una notificación que dice “suspendida hasta nuevo aviso”. El peso de la espera se traduce en pérdida económica (viajes, abogados, días de trabajo), en desgaste emocional, en la sensación de que el sistema no está del lado del doliente.Los testimonios no son aislados. En la memoria colectiva, reaparecen casos de la década del 2000 —mencionan, por ejemplo, la tragedia del actor Anglada— y la sensación es que la historia se repite: conductores alcoholizados, víctimas en la ruta, procedimientos que se estancan. Esto no solo es un problema penal; es un problema de salud pública, de cultura vial, de tolerancia social frente al alcohol y la conducción.
Desde el punto de vista jurídico, las razones de las suspensiones pueden variar: falta de peritajes, excusas procesales válidas, demoras en las pericias toxicológicas o en la relación de testigos. Pero para las familias, esas razones se traducen en una sola cosa: impunidad de hecho.
Antes de retirarme, una mujer me dijo algo que obliga a cerrar esta crónica con la claridad que exige su dolor: “No pido nada más que eso: que esté preso. Mi papá no está. El mínimo es que el responsable esté preso”.
No es solo una demanda carcelaria; es una demanda de reconocimiento, de explicación, de concreción. Es la exigencia de que la muerte de un ser querido no se convierta en otro trámite más dentro de una mesa de entradas.
La justicia, en los marcos legales, tiene tiempos y formas. Pero cuando la esperanza de una familia se mide en audiencias que nunca comienzan, en notificaciones que suspenden, en imputados que vuelven a su vida cotidiana, la percepción pública es clara: la balanza no está equilibrada.
Que esta crónica sirva para poner nombres, rostros y fechas a lo que algunos intentan reducir a estadísticas. Que quienes leen sepan que detrás de cada número hay un hijo que no volvió al helicóptero de su propia vida, una pareja que quedó sola, una mesa vacía.- Que la justicia no tarde más. Que la memoria no se borre. Que las familias reciban lo único que piden: verdad y justicia.
Por Nicolás Casas