Desde la Mesa Nacional de Barrios Populares convocaron a todos los sectores políticos, sociales y sindicales a que acompañen en una rueda de prensa, que se realizara mañana martes 24 de febrero en Plaza Belgrano a partir de las 11:30 horas.
Señalaron que el Gobierno Nacional decreta el cierre y vaciamiento definitivo de la SSISU (Subsecretaría de Integración Socio-Urbana), poniendo en riesgo y dejando en plena vulnerabilidad a más de 20.000 familias Jujeñas viviendo en más de 159 Barrios Populares en nuestra provincia.
Remarcando que el cierre pone en peligro la integridad de la Ley 27.453, teniendo como principal eje el Registro Nacional de Barrios Populares; el Certificado de Vivienda Familiar; la garantía legal para acceder a los servicios básicos de manera formal; la protección ante eventuales desalojos; el reconocimiento de domicilio formal y posesión de la vivienda.
Por otra parte pone en riesgo la ejecución de una política que surgió mediante un consenso nacional único en la historia como fue la sanción de la Ley, una política pública que funciona y que recibió elogios y auditorias del Banco Interamericano de Desarrollo, Universidad Católica Argentina y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Universidades Nacionales de todo el país.
Esta decisión del Gobierno nacional implica perder inversión dentro de los barrios para la accesibilidad de servicios básicos, abandonar obras ya iniciadas, romper capacidades técnicas de articulación institucional y profundizar la desigualdad territorial y la vulnerabilidad para más de 20.000 familias Jujeñas.
El cierre de la SSISU implica de manera directa para Jujuy:
1- 14 obras en ejecución quedarán paralizadas con avances entre 15% y 85%.
2- 2528 familias se quedarán sin las acceso a las obras de integración socio-urbana que estaban recibiendo.
3- Más de $ 6.200 millones de pesos se inversión que se perderán.
4- 13 obras del programa Mi Pieza que nunca iniciarán.
5- 316 obras del programa Mi Pieza quedaran sin terminar.
6- 7434 familias jujeñas que ya habían sido alcanzadas por el programa y ahora quedan en riesgo de que haya continuidad.
7- El 63.6% de las obras las ejecutan organizaciones sociales y cooperativas, lo que significa que el cierre también destruye puestos de trabajo genuinos en los barrios.