El Ministerio Público de la Acusación investiga una presunta actividad profesional irregular vinculada a la atención oftalmológica y la prescripción de anteojos sin contar con la habilitación correspondiente. En el marco de la causa, el sábado 14 de noviembre se realizó un allanamiento en un domicilio del barrio 14 de Abril de San Pedro de Jujuy.

La investigación se inició a partir de denuncias presentadas por autoridades del Consejo Médico de Jujuy y de la Asociación de Oftalmología de Jujuy, quienes informaron sobre la realización de atenciones oftalmológicas y la prescripción de anteojos por parte de una persona que no contaría con habilitación profesional para desarrollar esas prácticas.
Según lo denunciado, las atenciones se realizaban mediante una convocatoria de los propietarios de una emisora radial y tenían lugar en el domicilio donde funciona ese radio, ubicado en la intersección de las calles Ecuador y Venezuela, en el barrio 14 de Abril.
La denuncia fue radicada el sábado 14 de noviembre y ampliada al día siguiente. En esa presentación se señaló que la matrícula de la persona que realizaba las atenciones correspondería a un técnico óptico, cuya habilitación permite la elaboración de anteojos, pero no la realización de consultas médicas oftalmológicas.

El fiscal Matías Mora, a cargo de la investigación en San Pedro, solicitó la medida judicial, que fue autorizada por la jueza de Control de turno, Claudia Moreno.
El procedimiento se concretó el sábado por la tarde mediante un allanamiento, registro y secuestro en el domicilio mencionado. Durante la medida se secuestraron 190 anteojos, dos aparatos de medición de la visión, equipamiento con vidrios de distintas graduaciones, recetarios, teléfonos celulares, un posnet y planillas de atención. El operativo estuvo a cargo del ayudante fiscal César Díaz, con la intervención de personal de Criminalística del MPA y de la Brigada de Investigaciones de San Pedro.
Se trata del cuarto procedimiento de estas características realizado en la zona. Anteriormente se llevaron adelante actuaciones similares en Valle Grande, El Talar y, hace aproximadamente un mes, en Calilegua. En los dos primeros casos se dictaron condenas y se dispuso el decomiso de los bienes secuestrados.

La Fiscalía continúa con las medidas investigativas para establecer las circunstancias en las que se habrían desarrollado las atenciones y determinar las posibles responsabilidades penales.
