La fiscal Paloma Ochoa presentó el requerimiento ante la jueza María Eugenia Capuchetti. Busca determinar si hubo recursos estatales en el traslado del dirigente brasileño a Estados Unidos. No hay funcionarios imputados.
La fiscal federal Paloma Ochoa pidió abrir una investigación penal para determinar si el gobierno de Javier Milei utilizó fondos públicos para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro, quien salió de Brasil y viajó a Estados Unidos a través de la Argentina.
El requerimiento fue presentado ante la jueza María Eugenia Capuchetti, que ya intervenía en las actuaciones preliminares sobre la posible participación de funcionarios nacionales en el traslado del excandidato presidencial brasileño. Hasta el momento, la fiscal no imputó a ningún funcionario.
La presentación implica un avance dentro del mismo expediente, iniciado por una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra Milei y otros integrantes del Poder Ejecutivo por presunto encubrimiento. El objetivo es establecer si se emplearon recursos del Estado argentino para favorecer el recorrido.
Ochoa había solicitado información a distintos organismos para reconstruir los movimientos de Bolsonaro y determinar si las autoridades argentinas conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre él en Brasil.
El 29 de octubre, Capuchetti hizo lugar a una serie de medidas preliminares y ordenó requerimientos a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería. Buscó precisar qué controles se efectuaron durante el ingreso y la salida del dirigente y si el Gobierno había recibido comunicaciones sobre su situación judicial.
Las actuaciones también contemplan el análisis de registros de seguridad para reconstruir sus desplazamientos durante la permanencia en el país.
Otras denuncias y una causa desestimada en Misiones
El paso de Bolsonaro por la Argentina dio lugar a otras presentaciones judiciales. El diputado nacional Esteban Paulón impulsó una denuncia, inicialmente asignada al juzgado de Daniel Rafecas, para investigar posibles responsabilidades de las autoridades nacionales.
Por su parte, la diputada Marcela Pagano acudió a la Justicia Federal de Puerto Iguazú, en Misiones, por las circunstancias en las que el dirigente brasileño cruzó la frontera.
En ese expediente, el fiscal federal Fabián Martínez solicitó informes sobre los controles migratorios, los registros de pasajeros y el vuelo privado que trasladó a Bolsonaro y a su familia hacia Estados Unidos. También pidió preservar las imágenes de las cámaras del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú.
La causa de Misiones fue desestimada después de que el fiscal considerara que no se había configurado un delito durante el tránsito del dirigente. Esa decisión no cerró la investigación que continúa en Comodoro Py sobre el posible uso de recursos públicos.
El recorrido y la respuesta del Gobierno
Bolsonaro ingresó a la Argentina el 27 de octubre, a las 22.50, junto con su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus hijas, Carolina y Luiza.
Los cuatro cruzaron por tierra el puente Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. Según informó Migraciones, presentaron documentación válida y no tenían impedimentos legales para ingresar al país.
A las 23.30 abordaron un avión privado de Baires Fly, que partió durante la madrugada siguiente hacia Guayaquil, Ecuador, antes de continuar el viaje a Miami.
La salida de Brasil se produjo después de que el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, le ordenara entregar sus pasaportes y le prohibiera abandonar el país en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
El Gobierno argentino negó haber colaborado de manera irregular con el traslado. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el procedimiento migratorio y sostuvo que Bolsonaro había ingresado con la documentación correspondiente.
También afirmó que no existían alertas de Interpol que obligaran a las autoridades argentinas a impedir su tránsito.
(Cadena3)