La intervención de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar Nº 4 de San Salvador de Jujuy permitió arribar a una condena de nueve años de prisión de cumplimiento efectivo contra un hombre de 34 años, en el marco de un juicio abreviado tramitado ante el Tribunal en lo Criminal.
La acusación estuvo a cargo del fiscal Pablo Martín De Tezanos Pinto, titular de la Fiscalía interviniente, con la asistencia de la secretaria Silvana Raquel de la Maza. El proceso comprendió hechos cometidos contra una menor de edad y un episodio de violencia de género denunciado por quien fuera pareja del condenado.
Durante el trámite judicial, el Ministerio Público de la Acusación, la defensa y el imputado arribaron al acuerdo, que contó con la conformidad de la querella particular. Posteriormente, el Tribunal en lo Criminal conformado por Martín de Athayde Moncorvo (presidente de Trámite), y los jueces vocales Alejandro Máximo Gloss y María Margarita Nallar, homologó el acuerdo y dictó la sentencia correspondiente.
Para el arribo al acuerdo, las partes y el Tribunal contemplaron integralmente las particularidades del contexto familiar, el bienestar de la menor y las circunstancias específicas del caso, teniendo especialmente en consideración el Interés Superior de la Niña involucrada.
La resolución estableció que el condenado es autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación o guarda, en hechos reiterados; corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de 13 años; y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real.
Además de los nueve años de prisión efectiva, se impuso la inhabilitación absoluta por igual período. El Tribunal también dispuso su inmediato traslado al Servicio Penitenciario de la provincia.
Entre las medidas establecidas como consecuencia de la condena se ordenó la obtención de muestras biológicas para determinar el perfil genético del condenado y su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, de acuerdo con la Ley Nacional Nº 26.879.
La causa se originó a partir de las denuncias que dieron lugar a la investigación penal y a la posterior incorporación de elementos probatorios relacionados con los delitos contra la integridad sexual y los hechos de violencia de género. El acuerdo judicial también contempló una compensación económica y el recupero de los costos del proceso.