La iniciativa busca prevenir el crédito irresponsable, frenar los embargos y débitos automáticos sobre sueldos y jubilaciones que afectan la subsistencia, y ofrecer un mecanismo judicial y administrativo para reestructurar deudas de manera justa sin comprometer la canasta básica.
Ante el alarmante nivel de morosidad y sobreendeudamiento que asfixia a millones de familias argentinas, la diputada nacional María Inés Zigarán (UCR – Provincias Unidas) impulsó un proyecto de ley integral para la creación del «Régimen de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Personas Humanas».
La iniciativa busca frenar los abusos financieros, proteger el mínimo vital de los hogares e incorporar en la legislación argentina la figura de la «segunda oportunidad» para deudores de buena fe.
El proyecto aborda un problema estructural de flujo de ingresos: familias con empleo o jubilación que, acorraladas por altas tasas de interés y refinanciaciones sucesivas, no logran cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y servicios.
«El sobreendeudamiento de los hogares dejó de ser un caso aislado para convertirse en una crisis que golpea la dignidad de las familias”, declaró la diputada jujeña. Y afirmó que la idea no es plantear un salvataje bancario ni el uso de fondos públicos para pagar deudas privadas, sino “proponer una regla clara y justa: prevenir la concesión irresponsable de crédito, proteger el plato de comida en la mesa de los argentinos y dar un mecanismo ordenado para pagar lo posible y salir de la condena de la deuda perpetua».
Puntos clave del proyecto de ley
1. Protección Inviolable del Mínimo Vital: se establece que los procesos de cobro o reestructuración no podrán afectar los recursos necesarios para cubrir alimentos, vivienda, salud, educación y servicios. El piso objetivo de protección estará fijado por el valor de la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC según el hogar y la región.
2. Freno a los Embargos y Descuentos Automáticos: al iniciar el procedimiento, el juez podrá congelar ejecuciones y suspender códigos de descuento y débitos automáticos sobre sueldos y jubilaciones que atenten contra la subsistencia del deudor, garantizando además la continuidad de los servicios públicos esenciales.
3. Sanción al Crédito Irresponsable y Acoso Financiero: se obliga a los bancos y proveedores no financieros (fintech, tarjetas, comercios) a evaluar fehacientemente la capacidad de pago antes de otorgar un crédito. Ante prácticas irresponsables o cobranzas abusivas y hostiles, la justicia podrá quitar intereses moratorios, punitorios y reducir tasas.
4. Conciliación Gratuita y Unificada: se habilita una instancia administrativa y gratuita ante las autoridades de Defensa del Consumidor para negociar un plan unificado de pago con todos los acreedores a la vez, con un plazo máximo de hasta 36 o 60 meses.
5. «Segunda Oportunidad» y Liberación de Saldos (Zero Income / Salvataje): para aquellas personas de buena fe que, tras una rigurosa investigación patrimonial, demuestren una incapacidad absoluta de pago y ausencia de bienes realizables, la ley prevé la liberación inmediata de los saldos impagos, permitiéndoles reinsertarse en la economía formal.
Un enfoque federal responsable
El proyecto respeta las autonomías provinciales, delegando la tramitación en la justicia y autoridades locales de consumo, y no representa ningún gasto fiscal ni creación de nuevos organismos o fondos estatales. Asimismo, protege la transparencia crediticia al exigir el reporte exacto y actualizado de datos, evitando condonaciones automáticas o retroactivas.
«Con este proyecto buscamos pasar del cobro salvaje y fragmentado a un esquema civilizado: primero prevenir, luego negociar globalmente y, finalmente, permitir que las familias argentinas puedan recuperar su tranquilidad y sus proyectos futuros», concluyó Zigarán.