Lo hacen en el marco de un proceso de paz adelantado con el Gobierno de ese país.
Un grupo de al menos 99 integrantes de la disidencia de las extintas FARC, denominado “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”, iniciaron en las últimas horas en el departamento de Putumayo el proceso de entrega de sus armas y de tránsito a la vida civil en el marco de un proceso de paz adelantado con el Gobierno de Colombia.
El acto de dejación de armas, monitoreado por el mecanismo de verificación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se realiza en el municipio de Valle de Guamuez en donde se instaló una zona de ubicación temporal (ZUT) para los miembros del grupo armado sin uniforme camuflado.
Según la información de Xinhua a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, esto ocurre días antes del domingo, en que un total de 41.287.084 de colombianos estarán habilitados para votar mañana en segunda vuelta por Abelardo de la Espirella o Iván Cepeda para un nuevo periodo presidencial de cuatro años (2026-2030).
Precisiones del negociador gubernamental
Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, aseguró que los excombatientes estarán en un lugar apartado del casco urbano, custodiado por miembros del Ejército y por la Policía que han pausado sus operaciones en la zona hasta el 19 de junio, con el fin de facilitar el proceso de ingreso a la ZUT.
“A partir de hoy quedan bajo la protección del Estado. No del actor armado. De las fuerzas públicas de la República. Y nosotros pensamos que la fuerza pública va a adoptar un compromiso inmediato para cumplir con esa responsabilidad”, señaló.
Novoa agregó que la Fiscalía está encargada de resolver la situación judicial de cada subversivo y que después del 19 de junio las operaciones militares en contra de todos los grupos armados que delinquen en esta región de Colombia serán reactivadas.
Asimismo, explicó que durante el proceso de paz con esta facción de las disidencias de las FARC, el grupo ha mostrado gestos de paz como la destrucción de 15 toneladas de material explosivo, participación en el programa de erradicación de cultivos ilícitos y el compromiso con la reducción de actos violentos en Nariño y Putumayo entre 2024 y 2025.
“Damos un primer paso, le mostramos al país que sí se puede, que hay gente aquí que decidió dejar las armas para abrazar la idea de la esperanza en el territorio y que este Gobierno está dispuesto a acompañar este esfuerzo y ese esfuerzo se ha materializado en el día de hoy”, sostuvo Novoa, advirtiendo que quedan grandes desafíos por delante tras la desmovilización.
También la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado en el marco del Acuerdo de Paz de La Habana, anunció la imputación contra cinco exjefes de la antigua guerrilla de las FARC por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos contra comunidades indígenas y afrocolombianas entre 1996 y 2007. Agencia NA